Criptoactivos, blockchain y marcos regulatorios de la economía digital.
La Ley 559 de 14 de octubre de 2026 aprueba el acuerdo para establecer una Oficina de Área de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sin acreditar por sí sola su apertura ni nuevas inversiones.
La Ley 557 establece incentivos y obligaciones para drones agropecuarios. Su vigencia está diferida seis meses desde la promulgación.
Legislat.ai documenta un caso real de uso interno de Sentinel para investigar y preparar una solicitud de caducidad de restricciones registrales, resuelta favorablemente por el Registro Público.
El Acuerdo 8-2026 de la Superintendencia de Bancos fija medidas de control para las transferencias electrónicas de fondos dentro del país: los bancos deberán mostrar sin costo y confirmar el titular de la cuenta de destino antes de ejecutar la operación, sujeto a una vigencia diferida a nueve meses.
El Proyecto de Ley 247 plantea un marco para el uso de criptomonedas, incentivos para empresas de criptoactivos y un régimen tributario especial regulado por la DGI.
Dos resoluciones autorizan concesiones administrativas por 20 años para instalar y operar los cables submarinos CSN-1 y Trans Caribbean Fiber en Panamá.
El Consejo de Gabinete autoriza adendas y un finiquito de concesiones de telecomunicaciones en razón de la concentración económica entre Claro Panamá y Cable & Wireless Panamá.
Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional el 21 de abril de 2026 busca llenar el vacío legal que enfrentan quienes trabajan para plataformas digitales de entrega, mensajería y transporte selectivo en Panamá, reconociéndolos como categoría especial de trabajador independiente.
El Proyecto de Ley 413, que proponía regular el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en Panamá bajo supervisión de SENACYT, fue negado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes el 15 de abril de 2026 y presentado al pleno el 21 de abril sin prosperar.
El Proyecto de Ley 308 propone que ciudadanos sin techo propio puedan generar energía solar desde un sitio distinto al de su consumo y recibir créditos en su factura eléctrica, sujeto a la reglamentación que la ASEP deberá emitir en doce meses.
El Proyecto de Ley 455 modifica la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 para reconocer el autoconsumo fotovoltaico como derecho de los usuarios finales regulados, con créditos energéticos en factura, silencio administrativo positivo y prohibición de barreras arbitrarias por parte de las distribuidoras.