Los Acuerdos 107 y 108 del Concejo Municipal facultan al alcalde a firmar con el Instituto Panameño de Deportes; las obras deben iniciar en un plazo de dos años.
El Anteproyecto de Ley 220 crea el corregimiento de Villa del Carmen, segregado de El Guásimo, y obliga al Municipio de Donoso a financiar su instalación, sujeto a su prohijamiento y aprobación en tres debates.
La Resolución N° 025 de 2026 de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura adopta un formulario único de evaluación postsismo y certificados que deben colocarse en cada edificio, sujeto a reinspección si ocurre una réplica sentida con fuerza.
La Resolución N° 024 de 2026 de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura aprueba y autoriza el sistema alternativo Azuero Panel para la pequeña vivienda unifamiliar, sujeto al Reglamento de Seguridad Humana y a los criterios del REP-2021.
La Ley 561 crea el Programa Nacional de Señalización Vial en Obras Públicas, exige reguladores de tráfico a los contratistas y planes de mitigación a los gobiernos locales, sujeto a un reglamento que fije el monto de las multas.
El Decreto Ejecutivo N° 13 de 2026 adopta el Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, sujeto a fases de dos años y a la asignación de recursos.
El Decreto Ejecutivo N° 20 de 2026 del Ministerio de Seguridad Pública prorroga del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2026 el pago de vacaciones trabajadas y acumuladas a la Fuerza Pública, con cargo al remanente del presupuesto de la Policía Nacional.
El Acuerdo 022-2026 del Concejo Municipal de Bocas del Toro modifica el artículo 11 del presupuesto municipal de 2026 y fija las obras de las vigencias 2024 a 2026, sujeto a su contratación y ejecución por el municipio.
El Anteproyecto de Ley 218 propone nuevas causales de contratación excepcional para construir aulas en áreas de difícil acceso, con un procedimiento simplificado y trazable sujeto a una declaratoria técnica del Ministerio de Educación.
El Anteproyecto de Ley 221 crea la Zona Franca de Desarrollo Farmacéutico, Científico y de Tecnología Sanitaria para fabricar e investigar medicamentos y tecnologías de salud, sujeto a que el Órgano Ejecutivo defina su ubicación y reglamente el régimen.
El Anteproyecto de Ley 217 prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir, exportar y utilizar asbesto o amianto en el país, y ordena un programa nacional de sustitución del material instalado, sujeto a reglamentación en seis meses.
El Acuerdo N° 314 reclasifica los planos misceláneos especializados y de infraestructura del Distrito de Panamá y los exceptúa del procedimiento ordinario de verificación de uso de suelo, con salvedades y sin eliminar otras autorizaciones aplicables.
La Resolución N° 857 establece los requisitos y el proceso para importar y vigilar reactivos de laboratorio exentos de registro sanitario, a cargo de la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos y con permisos válidos por noventa días.
El Anteproyecto de Ley 219 propone modificar la Ley 33 de 2018 para exigir separación de residuos, informe de cierre y sanciones en eventos masivos; el régimen regiría seis meses después de su promulgación, si se convierte en ley.
El anteproyecto 213 propone un ejercicio nacional cada segundo lunes de octubre, con participación de establecimientos privados adaptada a sus riesgos. Contempla alternativas para servicios esenciales y no es todavía una obligación vigente.
La propuesta de Patsy Lee permitiría reprogramar saldos municipales disponibles en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas para atender daños acreditados del sismo. No habilita gastos ordinarios ni elimina el control de contratación.
El Acuerdo 10-2026 incorpora una excepción al catálogo de personas expuestas políticamente para determinados miembros de juntas sin voto, limitada a las condiciones expresas de la guía.
La Resolución MEF-RES-2026-3368 establece cánones para bienes revertidos y un recargo del 50 % por ocupación sin título, sin que el pago otorgue derechos sobre el inmueble.
El informe de subcomisión del Proyecto de Ley 581 propone revisar controles de ingreso a hospedajes y continuar su consideración en primer debate; las recomendaciones todavía no son obligaciones vigentes.
El Decreto Alcaldicio 089 de San Carlos suspende actividades cívicas en fechas y espacios definidos de noviembre, mientras la atención municipal se concentra en los daños del sismo.
El anteproyecto 212 propone hasta B/.550 millones del Fondo de Ahorro para reparar viviendas e infraestructura afectadas por el sismo, con desembolsos por etapas y devolución en veinte años. No es una autorización vigente.
El Acuerdo Municipal 313 modifica vacantes, remoción y desempates en la Junta de Planificación. Sentinel contrasta cinco aspectos de la reforma con sus normas relacionadas y señala los límites del análisis.
El Decreto de Gabinete N° 13 autoriza suscribir la asesoría Panamá SIACAP-2 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por hasta US$300,000, sujeta a los trámites establecidos.
El Acuerdo Municipal N° 18 de Barú concede una exoneración del cien por ciento de recargos e intereses, condicionada al pago íntegro del principal exigible dentro del plazo establecido.
La Resolución de Gabinete N° 116 autoriza modificaciones al Proyecto de Ley 644 y conserva su monto global, sujetas a la consideración de la Asamblea Nacional.
El Decreto Alcaldicio N° 015-2026 regula los centros municipales de educación inicial de San Miguelito y formaliza requisitos, pagos y condiciones del servicio, sujetos a admisión y cupos disponibles.
Las Resoluciones de Gabinete N° 105, 106 y 107 aprueban contrataciones para defender a Panamá en tres arbitrajes de inversión, con topes de honorarios y gastos procesales separados.
La Resolución de Gabinete N° 109 instruye tramitar exoneraciones de tasas y contribuciones para obras afectadas directamente por el sismo, sujetas a los trámites de las instituciones competentes.
La Resolución de Gabinete N° 110 autoriza al ministro de Economía y Finanzas a presentar una reforma de la Ley 22 de 2006, cuyo efecto para proveedores dependerá del texto y del trámite legislativo.
El Anteproyecto de Ley 210 propone reforzar el tratamiento probatorio de entrevistas a menores víctimas de delitos sexuales; permanece en etapa preliminar y sujeto al trámite legislativo.
Los Decretos Alcaldicios N° 012-2026 y N° 013-2026 regulan el uso y la protección hídrica de Cerro Cabra, sin constituir su primera declaratoria de protección ni autorizar desarrollos individuales.
La Ley 553 de 2026 modifica el Código Judicial para reemplazar la denominación del antiguo Tercer Circuito por el Circuito Judicial de Panamá Oeste, con sede en La Chorrera, sujeto a que la Corte Suprema de Justicia fije el número de jueces y a que la norma rija a los seis meses de su promulgación.
El Decreto de Gabinete N° 14 del 13 de octubre de 2026 prorroga por seis meses los controles a la comercialización del café tostado, sin establecer por sí mismo un nuevo precio de venta.
La Opinión N° 5-26 de la Superintendencia del Mercado de Valores no advierte impedimento para el crédito directo del custodio extranjero, siempre que la casa de valores permanezca efectivamente ajena a la operación.
La Ley 560 de 14 de octubre de 2026 modifica la protección de ecosistemas marinos desde el 16 de octubre, sin convertir la regulación de actividades en una autorización general para ejecutar proyectos.
El Decreto Ejecutivo 6 de 2026 establece el Sistema Nacional del Mercado de Carbono de Panamá, diferencia el uso local de las transferencias internacionales y deja para normas posteriores los umbrales de reporte y compensación.
La Resolución MEF-RES-2026-3451 fija precios y topes de subsidio del 16 al 30 de octubre para beneficiarios validados, con un límite específico para buses pesados desviados al Puente Centenario.
La Resolución DM-0551-2026 prorroga el cierre hasta el 31 de diciembre. La excepción de pesca de langosta requiere aclarar las discrepancias de sus artículos 4 y 7 antes de publicar una guía operativa.
La Ley 559 de 14 de octubre de 2026 aprueba el acuerdo para establecer una Oficina de Área de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sin acreditar por sí sola su apertura ni nuevas inversiones.
La resolución distingue vehículos particulares y comerciales y conserva excepciones contractuales para determinados asegurados.
Las resoluciones remiten la atención a La Chorrera y la sede central; el cierre permanente está fijado desde el 16 de octubre.
La norma exige aplicar criterios clínicos y seguimiento; su publicación no implica indicación universal ni suministro inmediato.
La exposición del 14 de octubre distingue daños, cierres y atención alternativa; no constituye un inventario actualizado al día 17.
El Acuerdo 036-2026 dispone el cierre del Tribunal Administrativo Tributario el 9 de octubre y la reanudación de términos el 12; su efecto sobre cada vencimiento depende del expediente.
Gabinete autorizó un crédito suplementario para funcionamiento de la CSS, sujeto al trámite ante la Comisión de Presupuesto; no acredita desembolsos.
La Ley 558 prevé atención educativa hospitalaria, domiciliaria y virtual, con implementación gradual y vigencia al inicio del siguiente año fiscal.
El Anteproyecto 206 busca separar la asistencia habitacional de la titularidad registral, sin otorgar derechos de propiedad ni eliminar los demás requisitos.
El Anteproyecto 207 propone flexibilidad extraordinaria para 2026 y 2027 y un umbral de hasta 40% para funcionamiento municipal desde 2028.
La Ley 557 establece incentivos y obligaciones para drones agropecuarios. Su vigencia está diferida seis meses desde la promulgación.
El Decreto Ejecutivo 21 crea una estancia temporal condicionada a acuerdos bilaterales y distingue la visa migratoria del permiso para trabajar.
Legislat.ai documenta un caso real de uso interno de Sentinel para investigar y preparar una solicitud de caducidad de restricciones registrales, resuelta favorablemente por el Registro Público.
El Acuerdo 595 de la Corte Suprema sustituye el marco de 2015 para los métodos alternos de resolución de conflictos e incluye deberes de imparcialidad, confidencialidad y formación profesional.
La Resolución 201-8061 amplía al 19 de octubre las presentaciones que vencían el 15 y suspende términos administrativos, con un período especial para Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.
La Resolución 832 del Ministerio de Salud activa el centro de emergencias sanitarias tras el sismo del 9 de octubre y establece responsabilidades para evaluar instalaciones y coordinar recursos críticos.
El procedimiento exige justificar cada suministro, acreditar su recepción y sustentar el pago con presupuesto disponible y examen de la Contraloría.
La Resolución de Gabinete declara la emergencia nacional y autoriza contrataciones especiales hasta el 31 de diciembre de 2026, sujetas a controles y disponibilidad presupuestaria.
La Resolución N° 0864 del Ministerio de Salud establece certificados renovables de cinco años y exige una nueva evaluación al cambiar de sede, previa verificación de las condiciones de habilitación según los servicios ofrecidos.
El Proyecto de Ley 742 modifica el Código Procesal Penal para permitir que la conciliación, el desistimiento, la suspensión del proceso y los acuerdos entre fiscalía e imputado se usen en cualquier etapa y hasta antes de abrirse el debate, sujeto a los debates que faltan en la Asamblea.
El Proyecto de Ley 623 instituye la Festividad de Corpus Christi, la Octava y Corazón de Jesús del distrito de Parita como evento cultural, turístico y folclórico nacional y ordena al Estado destinar fondos anuales para su promoción, sujeto a los debates que aún faltan en la Asamblea.
El Acuerdo 9-2026 de la Superintendencia de Bancos modifica el Acuerdo 6-2026, que reforma las reglas de transparencia de la información bancaria, para extender su vigencia al 31 de marzo de 2027 y adicionar, un modelo de tabla de amortización que desglosa capital, intereses y cargos del crédito.
El Acuerdo 8-2026 de la Superintendencia de Bancos fija medidas de control para las transferencias electrónicas de fondos dentro del país: los bancos deberán mostrar sin costo y confirmar el titular de la cuenta de destino antes de ejecutar la operación, sujeto a una vigencia diferida a nueve meses.
El Anteproyecto de Ley 199 modifica la Ley 8 de 2000 y crea en la AMPYME una orientación jurídica para todas las MIPYMES y una defensoría de oficio gratuita para las microempresas que facturan hasta cincuenta mil balboas al año, sujeto a su prohijamiento y a los debates.
La Resolución de Gabinete N° 104 autoriza precalificar proponentes para el contrato de operación y mantenimiento y obras de los aeropuertos Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato, previo a la licitación por mejor valor que convocará Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
El Texto Único del Proyecto de Ley 705 propone medir el límite del 30 % sobre la capacidad instalada, reforzar los derechos de los usuarios y modificar las obligaciones de las distribuidoras. Está pendiente de segundo debate.
El Proyecto de Ley 257 modifica la Ley 28 de 2014 para reactivar la comisión de enfermedades raras, elevar a rango de ley su cuerpo de asesores y crear un Programa Nacional de Atención, sujeto a su aprobación en el pleno y a la reglamentación del Ministerio de Salud.
La Resolución N° 108 del Ministerio de Comercio e Industrias adopta la norma técnica DGNTI 402-2026, que fija los métodos de muestreo y análisis para determinar la calidad del arroz en cáscara y del arroz pilado blanco fortificado, y empezará a regir seis meses después de su promulgación en la Gaceta Oficial.
El Anteproyecto de Ley 197 reconoce al jubilado que continúa aportando a la Caja de Seguro Social el derecho a que esas nuevas cuotas incrementen el monto de su pensión, con carácter retroactivo y con intereses, mediante la adición de un artículo a la Ley 462 de 2025, sujeto a prohijamiento, debate y aprobación.
El Anteproyecto de Ley 198 adiciona la Ley 22 de 2006 de contratación pública y la Ley 93 de 2019 de asociaciones público-privadas para crear la figura del Supervisor de Proyecto, un contratista técnico independiente obligatorio en las obras estatales de mayor cuantía, sujeto a prohijamiento, aprobación y reglamentación.
El Proyecto de Ley 724 aprueba la Adenda No. 1 al contrato del Decreto Ley 6 de 1998 y extiende hasta 2048 las exoneraciones fiscales de la Fundación Ciudad del Saber y de las empresas instaladas allí, sujeto a su aprobación en el pleno y al refrendo de la Contraloría.
El Anteproyecto de Ley 196 modifica la Ley 51 de 2017 para reservar a transportistas nacionales la carga que sale de recintos aduaneros, zonas francas y puertos, y condicionar a los carriers extranjeros al principio de reciprocidad, aún sujeto a prohijamiento y a los tres debates.
La Ley 555 crea la Ruta del Trapiche, un circuito turístico, cultural y gastronómico en las zonas productoras de panela, y concede a los productores artesanales capacitación, financiamiento y exoneraciones fiscales parciales, sujeto a la reglamentación que el Ejecutivo debe emitir en seis meses.
Bill 641 amends the Fiscal Code and requires economic substance for certain foreign-source passive income of multinational groups to retain their tax treatment.
Varias resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores publicadas en la Gaceta Oficial registran valores de distintas sociedades para su oferta pública en Panamá.
El Proyecto de Ley 247 plantea un marco para el uso de criptomonedas, incentivos para empresas de criptoactivos y un régimen tributario especial regulado por la DGI.
El Proyecto de Ley 636 modifica el Código de Procedimiento Tributario y ordena dar acceso público a la información sobre incentivos fiscales en Panamá.
El PL 502 dicta la ley marco del Presupuesto General del Estado y exige que la inversión del Gobierno Central no baje del 20% del gasto primario.
Una Resolución SBP autoriza el traspaso de los negocios bancarios de Scotiabank en Panamá a Banco Davivienda (Panamá), bajo los términos de la transacción propuesta.
Panamá autoriza un préstamo de hasta US$350 millones del BID para apoyar el presupuesto y un programa de mejoramiento del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.
Dos resoluciones autorizan concesiones administrativas por 20 años para instalar y operar los cables submarinos CSN-1 y Trans Caribbean Fiber en Panamá.
El Consejo de Gabinete aprueba contrataciones transitorias con APMT y TIL para la continuidad de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El Consejo de Gabinete autoriza adendas y un finiquito de concesiones de telecomunicaciones en razón de la concentración económica entre Claro Panamá y Cable & Wireless Panamá.
El Consejo de Gabinete aprueba la contratación de AECOM para la asesoría de ingeniería del tramo Albrook–Sajalices y la factibilidad del tren Panamá–David–Frontera.
La SBP otorgó un permiso temporal a Banco BISA para encaminar su licencia internacional y una licencia de representación a Mercantil Bank (Schweiz).
El Acuerdo 1-2026 de la SBP previene el uso indebido de servicios bancarios y fiduciarios, en línea con un fortalecimiento del marco prudencial.
El Consejo de Gabinete autoriza al MEF a constituir avales por hasta US$696.8 millones para garantizar obligaciones de pago de Metro de Panamá.
Desde 1956 hasta 2023, el Código Fiscal panameño ha sido reformado, adicionado y parcialmente derogado por decenas de leyes. La Ley 8 de 2010 es el punto de mayor actividad en esa historia: en menos de cinco meses fue modificada dos veces, y en 2015 la Corte Suprema declaró inconstitucional uno de sus artículos.
El Decreto de Gabinete 252 de 1971 creó el Código de Trabajo vigente. Más de cinco décadas después, ese texto original persiste, pero reformado por leyes sucesivas, depurado por fallos de la Corte Suprema y ampliado para cubrir el teletrabajo y la protección del empleo en pandemia.
El régimen bancario panameño se asienta sobre tres capas normativas: el decreto fundacional de 1970, la refundación de 1998 que creó la Superintendencia de Bancos, y la gran reforma de 2008 que modernizó su gobernanza, con un fallo de inconstitucionalidad que depuró artículos clave en 2014.
La Asamblea Nacional aprobó en Tercer Debate el 30 de abril de 2026 el Proyecto de Ley 385, que establece el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial 'Paraísos del Istmo'. Inspirado en el modelo mexicano 'Pueblos Mágicos', el texto fue enviado al Órgano Ejecutivo el 8 de mayo de 2026 para su promulgación o eventual veto.
El Proyecto de Ley 639, presentado por el Ministerio de la Presidencia, solicita concepto favorable de la Asamblea Nacional para suscribir una adenda al contrato original de 1998 con la Fundación Ciudad del Saber, prorrogando su régimen fiscal especial desde el 13 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2027.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales rechazó el Anteproyecto de Ley 442, que proponía modificar la Ley 59 de 1999 para establecer plazos perentorios y sanciones a funcionarios que entorpezcan investigaciones de enriquecimiento injustificado.
El diputado Jhonathan Edir Vega del Circuito 4-5 y nueve coproponentes presentaron en febrero de 2026 el Proyecto de Ley 554, una reforma integral al régimen de propiedad horizontal que responde a denuncias de obras abandonadas en residenciales de propiedad horizontal. La norma complementa la Ley 284 de 2022 y crea un régimen de responsabilidad agravada, solidaria y objetiva.
La Comisión de Economía y Finanzas impulsa un Sistema Nacional de Integración Logística, Marítima y Portuaria coordinado por la Autoridad Marítima de Panamá, con la Ventanilla Única Marítima (VUMPA) como herramienta central.
El Proyecto de Ley 630, antes Anteproyecto 440, propone medidas contra demandas o acciones legales usadas para intimidar, silenciar o agotar recursos de defensores ambientales.
El H.D. Víctor de Jesús Castillo Cortez presentó el 27 de abril de 2026 un anteproyecto que regula las campañas públicas de recaudación de donaciones, protege a los donantes y adiciona al Código Penal un nuevo tipo delictivo para sancionar a quienes obtengan fondos mediante engaño solidario.
El Proyecto de Ley 638, presentado por el H.D. Marcos Castillero Barahona y prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, propone que los establecimientos comerciales entreguen bolsas reutilizables o alternativas ambientalmente amigables sin trasladar ningún costo al consumidor, directo ni indirecto.
El Proyecto de Ley 331, que crearía el marco regulatorio del turismo deportivo en Panamá con PANDEPORTE y la ATP como ejecutores, fue devuelto al Legislativo mediante la Nota 210-2026-AL tras cuestionamientos sobre competencias institucionales, el Fondo Nacional propuesto y la autonomía municipal.
La Ley 32 de 2011 unificó en un solo cuerpo legal el régimen especial, integral y simplificado para la creación y operación de zonas francas en Panamá, derogando la Ley 25 de 1992 y su decreto reglamentario. Desde entonces fue reglamentada en tres ocasiones por el Ministerio de Comercio e Industrias, modificada por leyes de aeropuertos, impuesto de inmuebles y administración tributaria, y sigue siendo el telón de fondo de proyectos que proponen regímenes especiales paralelos.
La Asamblea Nacional tiene pendiente de primer debate dos proyectos presentados el 23 de abril de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores que formalizarían la adhesión de Panamá a los dos pilares del sistema internacional de mediciones.
La diputada Alexandra Brenes Samaniego, del Circuito 8-2, lidera una reforma a la Ley 41 del 20 de julio de 2004 que busca profesionalizar la conducción del Área Económica Especial Panamá-Pacífico. El proyecto, aprobado en Primer Debate el 21 de abril de 2026 con seis votos a favor y ninguno en contra en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, está pendiente de Segundo Debate.
La diputada Lilia Batista Rodríguez presentó el 21 de abril de 2026 un anteproyecto que establece coberturas mínimas de seguro, responsabilidad solidaria del conductor, propietario y empresa, y retención preventiva del vehículo hasta que se consigne el 125 % del monto estimado de los daños.
Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional el 21 de abril de 2026 busca llenar el vacío legal que enfrentan quienes trabajan para plataformas digitales de entrega, mensajería y transporte selectivo en Panamá, reconociéndolos como categoría especial de trabajador independiente.
El Proyecto de Ley 413, que proponía regular el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en Panamá bajo supervisión de SENACYT, fue negado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes el 15 de abril de 2026 y presentado al pleno el 21 de abril sin prosperar.
Presentado el 8 de enero de 2026 y prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas el 27 de enero, el Proyecto de Ley 504 aprobó el primer debate el 8 de abril de 2026. Crea el Listado Público Digital administrado por la ANTAI, obliga a consultarlo antes de adjudicar y adiciona causales de incapacidad para contratar con el Estado.
El Decreto Ejecutivo 6 de 13 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial 30502-A, reglamenta la Ley 497 de 13 de noviembre de 2025 y define la estructura operativa de PROPANAMÁ, la nueva oficina adscrita al Despacho del Ministro de Comercio e Industrias responsable de atraer inversión extranjera directa y promover exportaciones panameñas.
El Proyecto de Ley 308 propone que ciudadanos sin techo propio puedan generar energía solar desde un sitio distinto al de su consumo y recibir créditos en su factura eléctrica, sujeto a la reglamentación que la ASEP deberá emitir en doce meses.
La Ley 22 de 2006 es el eje legal de la contratación pública en Panamá, un mercado que representa entre el 10 y el 15 % del PIB. Sustituyó a la Ley 56 de 1995, fue reglamentada en cuatro ocasiones por el Ejecutivo, modificada o adicionada por al menos dieciséis leyes entre 2006 y 2024, y recortada por tres fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. En 2025 dos proyectos de ley simultáneos buscan nuevamente reformarla.
La Ley 6 de 1997 estableció el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad en Panamá. A lo largo de 28 años fue modificada once veces, adicionada en diez ocasiones, reglamentada por seis decretos ejecutivos y limitada por un fallo de la Corte Suprema de 2015. Este recorrido explica cómo se construyó —y sigue construyéndose— el andamiaje legal de la electricidad panameña.
El Proyecto de Ley 455 modifica la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 para reconocer el autoconsumo fotovoltaico como derecho de los usuarios finales regulados, con créditos energéticos en factura, silencio administrativo positivo y prohibición de barreras arbitrarias por parte de las distribuidoras.
La Administradora General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez de Massiah, aprobó el 19 de enero de 2026 el pliego tarifario del servicio público de transmisión de electricidad de ETESA para el periodo del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2029, publicado en la Gaceta Oficial 30454 el 29 de enero de 2026.
El Proyecto de Ley 301 propone legalizar los hospedajes turísticos de corta estancia en Panamá, donde actualmente operan de forma extralegal, sujetándolos al ITBMS del diez por ciento, al Impuesto Sobre la Renta y al Registro Nacional de Turismo.
Aprobado el 16 de septiembre de 2025 con nueve co-patrocinadores, el PL 53 reformaba la Ley 68 de 2016 para otorgar un descuento progresivo del 25 % en la renovación del SOAT a quienes mantuvieran récord cero de accidentes. El veto integral del Ejecutivo argumenta conflicto con el principio de mutualidad del seguro y con la autonomía de la Superintendencia de Seguros.
El Consejo de Gabinete aprobó el 10 de junio de 2025 la Resolución No. 58, publicada en la Gaceta Oficial 30298-A el 11 de junio de 2025, que adiciona el numeral 22 a la Resolución de Gabinete 60 de 2015 para autorizar aportes adicionales del Estado al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) por hasta B/.170 millones, con el fin de evitar un alza brusca en las facturas eléctricas de los clientes finales entre julio y diciembre de 2025.
El Ministerio de Salud presentó el Proyecto de Ley 163 el 6 de noviembre de 2024. Con 526 páginas y aprobación en tercer debate el 13 de marzo de 2025, el texto modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley 51 de 2005 para crear el Sistema Compuesto con Subsistema Mixto reformado, pensión básica universal no contributiva y nuevo régimen de cotizaciones.
Veinte diputados de las bancadas caribeña y atlántica presentaron en enero de 2025 el Proyecto de Ley 217 para convertir el estratégico distrito de Almirante en un Área Económica Multimodal. La propuesta crea una entidad autónoma, establece un régimen fiscal y aduanero especial y ubica en el corazón del modelo logístico al aeropuerto de Changuinola y el puerto bananero-turístico de Almirante.
En fallo unánime de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia no casa la sentencia que ordenó el reintegro de un trabajador con discapacidad motora, precisando que la negativa empresarial ante la certificación de aptitud de la Caja de Seguro Social configura despido tácito y viola el fuero de la Ley 42 de 1999.
La Asamblea Nacional promulgó la Ley 445 el 28 de octubre de 2024, que reforma la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y establece límites anuales de déficit, un ancla de deuda del 40 % del PIB y un Consejo Fiscal con autonomía técnica.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es inconstitucional el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 143 de 29 de septiembre de 2006, que adopta el Texto Único de la Ley 26 de 1996 sobre el Ente Regulador de los Servicios Públicos. La demanda sostenía que la protección cautelar otorgada a los concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones vulneraba el principio de igualdad ante la ley respecto a los medios de comunicación escrita y digital.
En sentencia unánime del 6 de marzo de 2024, la Sala Tercera de la Corte Suprema declaró que no es ilegal la Resolución SBP-0016-2018 que impuso multas a una entidad bancaria de licencia general, consolidando el principio de que las obligaciones del régimen de prevención de blanqueo son de cumplimiento continuo y no subsanables retroactivamente.
La Corte Suprema de Justicia, en Pleno, declaró cosa juzgada constitucional respecto a la Ley N°406 de 2023 que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A., al constatar que el mismo tribunal ya había declarado su inconstitucionalidad semanas antes.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es ilegal la Resolución SBP-0041-2021, mediante la cual la Superintendencia de Bancos de Panamá sancionó a una entidad bancaria de licencia general con multas que, tras recursos internos, quedaron fijadas en B/.288,000 por violaciones al régimen de prevención de blanqueo de capitales y B/.162,000 por infracción al régimen bancario.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra varias frases del párrafo primero del artículo 3 de la Ley No. 280 de 30 de diciembre de 2021, que regula el ejercicio de la profesión de contador público autorizado (CPA). El tribunal, con ponencia del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme, determinó el 5 de septiembre de 2022 que el accionante no expuso con claridad el concepto de la infracción constitucional, requisito indispensable del artículo 2560 del Código Judicial.
En fallo del 5 de julio de 2022, la Sala Tercera de la Corte Suprema declaró legal una resolución de ACODECO que sancionó a un agente económico del sector automotriz con una multa de dos mil balboas por infracción a la Ley 45 de 2007, consolidando que no se requiere un proceso investigativo paralelo para sancionar una vez comprobada la falta al consumidor.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia inadmitió en julio de 2022 una demanda contencioso-administrativa interpuesta por la DGI contra el Tribunal Administrativo Tributario, estableciendo que la autoridad tributaria no puede acudir a esa vía para revertir decisiones de su propio organismo de alzada.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema declaró que no es ilegal el Contrato de Concesión Permanente de Agua No. 004-12 de 2012, suscrito entre la entonces Autoridad Nacional del Ambiente y una sociedad concesionaria para un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Chiriquí.
El Ministerio de Economía y Finanzas formalizó el marco regulatorio del Reporte País por País (CbCR) conforme al estándar BEPS Acción 13 de la OCDE, con vigencia desde el 27 de mayo de 2019 y primera exigencia aplicable al período fiscal 2018.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que no son inconstitucionales las frases contenidas en los artículos 145 y 146 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que facultan al Ente Regulador de los Servicios Públicos —hoy ASEP— para imponer sanciones a los prestadores del servicio de electricidad. La sentencia, del 13 de agosto de 2012, resolvió que la separación entre la función de instrucción y la función decisora satisface la garantía del debido proceso.