Atracción de inversión, nearshoring, zonas francas y régimen comercial.
Los Acuerdos 107 y 108 de 2026 del Concejo Municipal de Aguadulce autorizan al alcalde a firmar convenios con el Instituto Panameño de Deportes para obras en dos fincas municipales, sujeto al inicio de los trabajos en dos años.
La Resolución N° 025 de 2026 de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura adopta un formulario único de evaluación postsismo y certificados que deben colocarse en cada edificio, sujeto a reinspección si ocurre una réplica sentida con fuerza.
La Resolución N° 024 de 2026 de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura aprueba y autoriza el sistema alternativo Azuero Panel para la pequeña vivienda unifamiliar, sujeto al Reglamento de Seguridad Humana y a los criterios del REP-2021.
La Ley 561 crea el Programa Nacional de Señalización Vial en Obras Públicas, exige reguladores de tráfico a los contratistas y planes de mitigación a los gobiernos locales, sujeto a un reglamento que fije el monto de las multas.
El Anteproyecto de Ley 218 propone nuevas causales de contratación excepcional para construir aulas en áreas de difícil acceso, con un procedimiento simplificado y trazable sujeto a una declaratoria técnica del Ministerio de Educación.
El Anteproyecto de Ley 221 crea la Zona Franca de Desarrollo Farmacéutico, Científico y de Tecnología Sanitaria para fabricar e investigar medicamentos y tecnologías de salud, sujeto a que el Órgano Ejecutivo defina su ubicación y reglamente el régimen.
El Anteproyecto de Ley 217 prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir, exportar y utilizar asbesto o amianto en el país, y ordena un programa nacional de sustitución del material instalado, sujeto a reglamentación en seis meses.
El Acuerdo N° 314 reclasifica los planos misceláneos especializados y de infraestructura del Distrito de Panamá y los exceptúa del procedimiento ordinario de verificación de uso de suelo, con salvedades y sin eliminar otras autorizaciones aplicables.
La Resolución N° 857 establece los requisitos y el proceso para importar y vigilar reactivos de laboratorio exentos de registro sanitario, a cargo de la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos y con permisos válidos por noventa días.
El Anteproyecto de Ley 219 propone modificar la Ley 33 de 2018 para exigir separación de residuos, informe de cierre y sanciones en eventos masivos; el régimen regiría seis meses después de su promulgación, si se convierte en ley.
El anteproyecto 213 propone un ejercicio nacional cada segundo lunes de octubre, con participación de establecimientos privados adaptada a sus riesgos. Contempla alternativas para servicios esenciales y no es todavía una obligación vigente.
El Acuerdo 10-2026 incorpora una excepción al catálogo de personas expuestas políticamente para determinados miembros de juntas sin voto, limitada a las condiciones expresas de la guía.
El informe de subcomisión del Proyecto de Ley 581 propone revisar controles de ingreso a hospedajes y continuar su consideración en primer debate; las recomendaciones todavía no son obligaciones vigentes.
El Decreto Alcaldicio 089 de San Carlos suspende actividades cívicas en fechas y espacios definidos de noviembre, mientras la atención municipal se concentra en los daños del sismo.
El Acuerdo Municipal 313 modifica vacantes, remoción y desempates en la Junta de Planificación. Sentinel contrasta cinco aspectos de la reforma con sus normas relacionadas y señala los límites del análisis.
El Anteproyecto de Ley 210 propone reforzar el tratamiento probatorio de entrevistas a menores víctimas de delitos sexuales; permanece en etapa preliminar y sujeto al trámite legislativo.
Los Decretos Alcaldicios N° 012-2026 y N° 013-2026 regulan el uso y la protección hídrica de Cerro Cabra, sin constituir su primera declaratoria de protección ni autorizar desarrollos individuales.
El Decreto de Gabinete N° 14 del 13 de octubre de 2026 prorroga por seis meses los controles a la comercialización del café tostado, sin establecer por sí mismo un nuevo precio de venta.
La Ley 560 de 14 de octubre de 2026 modifica la protección de ecosistemas marinos desde el 16 de octubre, sin convertir la regulación de actividades en una autorización general para ejecutar proyectos.
El Decreto Ejecutivo 6 de 2026 establece el Sistema Nacional del Mercado de Carbono de Panamá, diferencia el uso local de las transferencias internacionales y deja para normas posteriores los umbrales de reporte y compensación.
La Resolución DM-0551-2026 prorroga el cierre hasta el 31 de diciembre. La excepción de pesca de langosta requiere aclarar las discrepancias de sus artículos 4 y 7 antes de publicar una guía operativa.
La resolución distingue vehículos particulares y comerciales y conserva excepciones contractuales para determinados asegurados.
Las resoluciones remiten la atención a La Chorrera y la sede central; el cierre permanente está fijado desde el 16 de octubre.
La norma exige aplicar criterios clínicos y seguimiento; su publicación no implica indicación universal ni suministro inmediato.
La exposición del 14 de octubre distingue daños, cierres y atención alternativa; no constituye un inventario actualizado al día 17.
La Ley 558 prevé atención educativa hospitalaria, domiciliaria y virtual, con implementación gradual y vigencia al inicio del siguiente año fiscal.
El Anteproyecto 206 busca separar la asistencia habitacional de la titularidad registral, sin otorgar derechos de propiedad ni eliminar los demás requisitos.
El Decreto Ejecutivo 21 crea una estancia temporal condicionada a acuerdos bilaterales y distingue la visa migratoria del permiso para trabajar.
El Acuerdo 595 de la Corte Suprema sustituye el marco de 2015 para los métodos alternos de resolución de conflictos e incluye deberes de imparcialidad, confidencialidad y formación profesional.
La Resolución 832 del Ministerio de Salud activa el centro de emergencias sanitarias tras el sismo del 9 de octubre y establece responsabilidades para evaluar instalaciones y coordinar recursos críticos.
La Resolución N° 0864 del Ministerio de Salud establece certificados renovables de cinco años y exige una nueva evaluación al cambiar de sede, previa verificación de las condiciones de habilitación según los servicios ofrecidos.
El Proyecto de Ley 742 modifica el Código Procesal Penal para permitir que la conciliación, el desistimiento, la suspensión del proceso y los acuerdos entre fiscalía e imputado se usen en cualquier etapa y hasta antes de abrirse el debate, sujeto a los debates que faltan en la Asamblea.
El Proyecto de Ley 623 instituye la Festividad de Corpus Christi, la Octava y Corazón de Jesús del distrito de Parita como evento cultural, turístico y folclórico nacional y ordena al Estado destinar fondos anuales para su promoción, sujeto a los debates que aún faltan en la Asamblea.
El Acuerdo 9-2026 de la Superintendencia de Bancos modifica el Acuerdo 6-2026, que reforma las reglas de transparencia de la información bancaria, para extender su vigencia al 31 de marzo de 2027 y adicionar, un modelo de tabla de amortización que desglosa capital, intereses y cargos del crédito.
El Anteproyecto de Ley 199 modifica la Ley 8 de 2000 y crea en la AMPYME una orientación jurídica para todas las MIPYMES y una defensoría de oficio gratuita para las microempresas que facturan hasta cincuenta mil balboas al año, sujeto a su prohijamiento y a los debates.
La Resolución de Gabinete N° 104 autoriza precalificar proponentes para el contrato de operación y mantenimiento y obras de los aeropuertos Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato, previo a la licitación por mejor valor que convocará Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
El Texto Único del Proyecto de Ley 705 propone medir el límite del 30 % sobre la capacidad instalada, reforzar los derechos de los usuarios y modificar las obligaciones de las distribuidoras. Está pendiente de segundo debate.
El Proyecto de Ley 257 modifica la Ley 28 de 2014 para reactivar la comisión de enfermedades raras, elevar a rango de ley su cuerpo de asesores y crear un Programa Nacional de Atención, sujeto a su aprobación en el pleno y a la reglamentación del Ministerio de Salud.
La Resolución N° 108 del Ministerio de Comercio e Industrias adopta la norma técnica DGNTI 402-2026, que fija los métodos de muestreo y análisis para determinar la calidad del arroz en cáscara y del arroz pilado blanco fortificado, y empezará a regir seis meses después de su promulgación en la Gaceta Oficial.
El Anteproyecto de Ley 198 adiciona la Ley 22 de 2006 de contratación pública y la Ley 93 de 2019 de asociaciones público-privadas para crear la figura del Supervisor de Proyecto, un contratista técnico independiente obligatorio en las obras estatales de mayor cuantía, sujeto a prohijamiento, aprobación y reglamentación.
El Anteproyecto de Ley 196 modifica la Ley 51 de 2017 para reservar a transportistas nacionales la carga que sale de recintos aduaneros, zonas francas y puertos, y condicionar a los carriers extranjeros al principio de reciprocidad, aún sujeto a prohijamiento y a los tres debates.
La Ley 555 crea la Ruta del Trapiche, un circuito turístico, cultural y gastronómico en las zonas productoras de panela, y concede a los productores artesanales capacitación, financiamiento y exoneraciones fiscales parciales, sujeto a la reglamentación que el Ejecutivo debe emitir en seis meses.
El Consejo de Gabinete aprueba contrataciones transitorias con APMT y TIL para la continuidad de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El Consejo de Gabinete aprueba la contratación de AECOM para la asesoría de ingeniería del tramo Albrook–Sajalices y la factibilidad del tren Panamá–David–Frontera.
La Asamblea Nacional aprobó en Tercer Debate el 30 de abril de 2026 el Proyecto de Ley 385, que establece el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial 'Paraísos del Istmo'. Inspirado en el modelo mexicano 'Pueblos Mágicos', el texto fue enviado al Órgano Ejecutivo el 8 de mayo de 2026 para su promulgación o eventual veto.
El Proyecto de Ley 639, presentado por el Ministerio de la Presidencia, solicita concepto favorable de la Asamblea Nacional para suscribir una adenda al contrato original de 1998 con la Fundación Ciudad del Saber, prorrogando su régimen fiscal especial desde el 13 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2027.
El diputado Jhonathan Edir Vega del Circuito 4-5 y nueve coproponentes presentaron en febrero de 2026 el Proyecto de Ley 554, una reforma integral al régimen de propiedad horizontal que responde a denuncias de obras abandonadas en residenciales de propiedad horizontal. La norma complementa la Ley 284 de 2022 y crea un régimen de responsabilidad agravada, solidaria y objetiva.
La Comisión de Economía y Finanzas impulsa un Sistema Nacional de Integración Logística, Marítima y Portuaria coordinado por la Autoridad Marítima de Panamá, con la Ventanilla Única Marítima (VUMPA) como herramienta central.
El H.D. Víctor de Jesús Castillo Cortez presentó el 27 de abril de 2026 un anteproyecto que regula las campañas públicas de recaudación de donaciones, protege a los donantes y adiciona al Código Penal un nuevo tipo delictivo para sancionar a quienes obtengan fondos mediante engaño solidario.
El Proyecto de Ley 638, presentado por el H.D. Marcos Castillero Barahona y prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, propone que los establecimientos comerciales entreguen bolsas reutilizables o alternativas ambientalmente amigables sin trasladar ningún costo al consumidor, directo ni indirecto.
El Proyecto de Ley 331, que crearía el marco regulatorio del turismo deportivo en Panamá con PANDEPORTE y la ATP como ejecutores, fue devuelto al Legislativo mediante la Nota 210-2026-AL tras cuestionamientos sobre competencias institucionales, el Fondo Nacional propuesto y la autonomía municipal.
La Ley 32 de 2011 unificó en un solo cuerpo legal el régimen especial, integral y simplificado para la creación y operación de zonas francas en Panamá, derogando la Ley 25 de 1992 y su decreto reglamentario. Desde entonces fue reglamentada en tres ocasiones por el Ministerio de Comercio e Industrias, modificada por leyes de aeropuertos, impuesto de inmuebles y administración tributaria, y sigue siendo el telón de fondo de proyectos que proponen regímenes especiales paralelos.
La Asamblea Nacional tiene pendiente de primer debate dos proyectos presentados el 23 de abril de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores que formalizarían la adhesión de Panamá a los dos pilares del sistema internacional de mediciones.
La diputada Alexandra Brenes Samaniego, del Circuito 8-2, lidera una reforma a la Ley 41 del 20 de julio de 2004 que busca profesionalizar la conducción del Área Económica Especial Panamá-Pacífico. El proyecto, aprobado en Primer Debate el 21 de abril de 2026 con seis votos a favor y ninguno en contra en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, está pendiente de Segundo Debate.
La diputada Lilia Batista Rodríguez presentó el 21 de abril de 2026 un anteproyecto que establece coberturas mínimas de seguro, responsabilidad solidaria del conductor, propietario y empresa, y retención preventiva del vehículo hasta que se consigne el 125 % del monto estimado de los daños.
El Decreto Ejecutivo 6 de 13 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial 30502-A, reglamenta la Ley 497 de 13 de noviembre de 2025 y define la estructura operativa de PROPANAMÁ, la nueva oficina adscrita al Despacho del Ministro de Comercio e Industrias responsable de atraer inversión extranjera directa y promover exportaciones panameñas.
Veinte diputados de las bancadas caribeña y atlántica presentaron en enero de 2025 el Proyecto de Ley 217 para convertir el estratégico distrito de Almirante en un Área Económica Multimodal. La propuesta crea una entidad autónoma, establece un régimen fiscal y aduanero especial y ubica en el corazón del modelo logístico al aeropuerto de Changuinola y el puerto bananero-turístico de Almirante.
La Corte Suprema de Justicia, en Pleno, declaró cosa juzgada constitucional respecto a la Ley N°406 de 2023 que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A., al constatar que el mismo tribunal ya había declarado su inconstitucionalidad semanas antes.
En fallo del 5 de julio de 2022, la Sala Tercera de la Corte Suprema declaró legal una resolución de ACODECO que sancionó a un agente económico del sector automotriz con una multa de dos mil balboas por infracción a la Ley 45 de 2007, consolidando que no se requiere un proceso investigativo paralelo para sancionar una vez comprobada la falta al consumidor.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema declaró que no es ilegal el Contrato de Concesión Permanente de Agua No. 004-12 de 2012, suscrito entre la entonces Autoridad Nacional del Ambiente y una sociedad concesionaria para un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Chiriquí.
El Ministerio de Economía y Finanzas formalizó el marco regulatorio del Reporte País por País (CbCR) conforme al estándar BEPS Acción 13 de la OCDE, con vigencia desde el 27 de mayo de 2019 y primera exigencia aplicable al período fiscal 2018.